Justificación y fundamentación

En los tiempos actuales es innegable la importancia que ha cobrado la atención infantil en su etapa inicial, al punto que se considera que sin su cuidado y atención, el desarrollo de los niños y niñas menores de 3 años puede verse afectado de manera irreversible.

La inversión pública en programas para el Desarrollo Infantil Integral, en algunos países ha sido cada vez mayor, tanto en el ámbito público como privado. Las familias, la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional han comenzado a reconocer los beneficios que trae invertir en este ciclo de vida, no sólo durante el tiempo en que transcurre su desarrollo, donde se benefician los infantes de manera directa, sino, sobre todo, en los réditos de quienes se benefician, un retorno importante para su desarrollo futuro.

En esta medida, el Desarrollo Infantil Integral, se convierte en el periodo de vida sobre el cual se fundamenta el posterior desarrollo de la persona. Todos los esfuerzos y recursos orientados a su desarrollo puede incidir, a largo plazo en la descendencia de este grupo poblacional, convirtiendo su inversión en un recurso autosostenible y de máximo impacto.

En este sentido, garantizar el Desarrollo Infantil Integral es una oportunidad única para impulsar el desarrollo humano, entendido éste como un conjunto de condiciones que deben ser puestas al alcance de todo individuo como la salud, educación, desarrollo social y desarrollo económico.

Algunos estudios establecen que la educación en los primeros años de vida es determinante para el desarrollo humano, porque posee efectos significativos sobre el desempeño escolar, lo que implica que los niños y niñas que participan en programas que incluyan educación inicial, tienen mayores probabilidades de asistencia escolar, mejoran sus destrezas cognitivas y motoras y obtienen mejores resultados en evaluaciones de desarrollo psicosocial.

La formulación de la política pública tiene un proceso previo a la formalidad de las aprobaciones en las instancias gubernamentales, que parten justamente de la evaluación diagnóstica de la política, la institucionalidad y los servicios; la elaboración de propuestas que identifiquen los aspectos críticos donde se va a intervenir para provocar quiebres importantes; la planificación estratégica del sector y de los actores involucrados; el costeo de la implementación de la política y; finalmente, la programación de una línea de tiempo hasta llegar a la declaratoria pública y su ulterior implementación. La meta de este trayecto es llegar a cada niña y a cada niño en su territorio promoviendo su desarrollo.

Este proceso de construcción de la política ha implicado sobre todo la participación de distintos niveles del Estado y la sociedad civil, situando el tema de Desarrollo Infantil Integral como prioridad pública. Este carácter de política pública supone una coparticipación del Estado y la sociedad civil para definir y actuar sobre el problema. Siendo así, la preocupación para asegurar los derechos de los niños y niñas menores de tres años no es exclusivamente responsabilidad del Estado, en cuanto ente rector que rige la política, es también sobre todo responsabilidad de la familia, la comunidad y la sociedad en general.

La responsabilidad del Estado, de la familia y la sociedad en la atención integral infantil, así como en la prevalencia de sus derechos, obligan a que el contexto institucional público y privado, incorpore estos principios, de manera que derive en acciones coordinadas y efectivas para asegurar servicios de atención de calidad contribuyendo al desarrollo integral de los niños y niñas.

En el ámbito estatal, los ministerios integrantes del Consejo Sectorial de la Política Social: Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, y Ministerio Coordinador de la Política Social, entre otras entidades, deben articularse necesariamente entorno a la política de Desarrollo Infantil Integral, con la finalidad de promover y fomentar desde sus competencias estructuras y servicios específicos que fortalezcan los servicios de atención a la infancia.

Por tanto, el objetivo central del Estado es la construcción de una política infantil integral que garantice el ejercicio de los derechos de los/las menores de 3 años, desafió que implica la voluntad política de adoptar una visión integral que involucre a todos los sectores vinculados al Desarrollo Infantil Integral. Proceso que ha demandado la sustitución del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) por una nueva estructura institucional conformada por la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

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